3 de Noviembre de 2020
El fomento de la integración social y laboral de los miles de migrantes que viven en nuestro país es una tarea importante, sobre todo en un contexto donde el empleo se ve fuertemente presionado, con la pérdida de alrededor de 47 millones de puestos de trabajo en Latinoamérica tras la pandemia; lo que ha afectado en mayor medida a mujeres, jóvenes y migrantes (*).
Sólo desde Venezuela han salido más de 4 millones de personas en búsqueda de nuevas condiciones de vida, siendo los principales destinos Colombia, Perú y Chile. Ante el creciente volumen de extranjeros que llegan a nuestro país, los distintos niveles de gobierno, central, regional y local, han debido adecuar y generar diversos esfuerzos para que la política pública responda a la convicción de Gobierno de garantizar una migración ordenada, segura y regular.
En este sentido, desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social hemos implementado la Mesa Ministerial para Asuntos Migrantes – instancia que coordina a los 10 servicios dependientes-, para llevar a cabo iniciativas con la adecuada atención a esta población. A través de esta instancia se han impulsado programas de capacitación laboral a través del SENCE; la incorporación a la fuerza laboral desde la Bolsa Nacional de Empleo, junto a la certificación de competencias laborales desde ChileValora, entre otras acciones.
Con respecto a este último punto, la propia Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha declarado la importancia de implementar sistemas de reconocimiento y aprendizaje permanente de competencias laborales, debido a la creciente inestabilidad y rotación laboral que experimenta el empleo a nivel mundial y que requiere de una mayor adaptabilidad del trabajador, polivalencia y aptitudes. Asimismo, la OCDE las ha reconocido como una política pública adecuada y pertinente para la integración socioeconómica de la población migrante, evitando la informalidad laboral y la trata de personas.
Durante el año 2020, del total de personas certificadas por ChileValora a la fecha, un 6.9% corresponde a personas que provienen de distintos países, hombres y mujeres que han sido evaluados y certificados en oficios vinculados al Comercio, Turismo, Gastronomía, entre otros. Este trabajo ha sido reconocido internacionalmente; en específico, la labor que se lleva a cabo en coordinación con entidades públicas y privadas como la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas (OIM); el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU (ACNUR); el Servicio Jesuita a Migrantes y municipios locales. Este modelo de trabajo coordinado ha sido expuesto en instancias como la Reunión de Ministerios del Trabajo en apoyo al Proceso de Quito, “Integración Socioeconómica de Personas Migrantes y Refugiadas Venezolanas en América Latina y el Caribe”, y actualmente, en materia laboral, es una de las principales recomendaciones para los Estados que son parte de esta iniciativa.
La contribución del Ministerio del Trabajo y Previsión Social para la integración socioeconómica de esta población es fundamental, pues el principal motivo de migración que declaran es de carácter laboral y su pronta y adecuada incorporación al mercado de trabajo resulta, por lo tanto, esencial. Tras la regularización de su condición migratoria, una de las principales dificultades que enfrentan es contar con los suficientes antecedentes que permitan demostrar sus competencias y el aporte real que pueden realizar a nuestros mercados. Desde esta perspectiva, la certificación de competencias laborales contribuye, claramente, a promover el acceso a oportunidades y detectar el potencial que las personas migrantes tienen para ofrecer al desarrollo de nuestro país.
(*) Edición N⁰ 23 del informe “Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, la dinámica laboral en una crisis de características inéditas: desafíos de política (noviembre de 2020)”. CEPAL y OIT.
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